El artículo publicado en ABC Color el 5 de agosto de 2025 bajo el título “Embarazo adolescente, el rostro de la desigualdad” no es lo que aparenta, una preocupación por los pobres. Es una pieza discursiva construida para legitimar la profundización de un modelo de intervención estatal que desconoce la ley, erosiona la familia y utiliza la tragedia real de la pobreza para justificar el negocio de la anticoncepción infantil masiva.

 Desde el punto de vista jurídico, bioético y cultural, ese artículo no resiste el menor análisis técnico honesto. A continuación, exponemos por qué.

1. AUNQUE LA AUTORA JAMÁS MENCIONA LA PALABRA “ANTICONCEPCIÓN”, TODO EN SU TEXTO APUNTA HACIA UNA ÚNICA DIRECCIÓN: EVITAR QUE LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES POBRES TENGAN HIJOS, COMO SI ESA FUERA LA SOLUCIÓN AL DRAMA SOCIAL DE FONDO.

La fórmula es conocida: mostrar datos crudos (embarazos en menores), establecer una correlación automática con pobreza, y sugerir que la única vía de “prevención” es bloquear su fertilidad. No hay propuesta educativa, cultural o jurídica. Solo una promesa implícita: si controlamos la fertilidad, resolveremos la desigualdad.

Este es el modelo UNFPA–OPS, importado sin filtro: condón, implante, formulario, y silencio institucional. Lo que aquí se presenta como política de salud pública, en realidad es una política de control reproductivo infantil, maquillada de compasión.

Por tanto: Aquel no es un artículo: es un panfleto con ropaje técnico para justificar el negocio de la anticoncepción.

2. USAN LAS CIFRAS COMO LÁTIGO EMOCIONAL, PERO EVITAN LOS DATOS CLAVES…

Se cita que 350 niñas de 10 a 14 años dieron a luz en 2024. Si bien, ese artículo menciona, casi de pasada, algunas de las causas del embarazo adolescente: pobreza, falta de oportunidades, uniones tempranas. Lo hace sin compromiso real con el análisis, ni con la transformación de esas causas. Las enumera, sí, pero sin denunciar ni profundizar.

¿Por qué? Porque las causas no les interesan realmente. Les interesan solo en la medida en que les permiten justificar su solución predeterminada: la prevención por medio de anticonceptivos.

Y esa solución, siempre implícita, nunca pasa por reconstruir entornos protectores, sino por intervenir la biología. ¿Cuál es la verdadera conclusión del artículo? Que el cuerpo fértil de la adolescente es un problema. Y por tanto, la prioridad no es transformar la cultura ni la justicia, sino “controlar” ese cuerpo cuanto antes.

Así, aunque el texto menciona causas, lo hace como trámite retórico, no como base de acción estructural. Las enumera porque debe, pero no las asume como eje. Su propuesta no se dirige a erradicar la violencia, ni a restaurar vínculos familiares, ni a reparar la dignidad de las niñas. Solo apunta a evitar la maternidad.

Y eso no es prevención: es eugenesia silenciosa disfrazada de sensibilidad social.

3. EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA PROGRESIVA, APLICADO ACTUALMENTE POR EL ESTADO, CONTRADICIENDO LA LEY, ES EL ARMA DEL MODELO QUE PROMUEVE EL ARTÍCULO.

La autonomía progresiva, así como lo enseñan materiales confeccionados con colaboración de la UNFPA, es un concepto importado del ámbito internacional, que sostiene que niños y adolescentes pueden tomar decisiones clínicas o personales de forma independiente, en función de su “madurez”, sin consentimiento de sus padres a pesar de ser menores de edad. En Paraguay, no posee rango legal ni está reconocido como principio operativo en la Constitución, el Código de la Niñez ni el Código Civil. Su uso institucional actual constituye una usurpación normativa sin debate legislativo ni control jurídico.

El texto no menciona la “autonomía progresiva”, pero todo el argumento se sostiene sobre esa base implícita. En Paraguay, el marco legal vigente no habilita a una niña o adolescente a decidir sola sobre su salud reproductiva, ni mucho menos a ser bombardeada con anticonceptivos sin la presencia o autorización de adultos responsables.

Sin embargo, artículos como ese preparan el terreno cultural para qué, en contra de la ley, sin protocolo, y sin trazabilidad, se entreguen implantes y métodos hormonales a niñas con un  simple formulario, y con esto llenar los bolsillos de los mercenarios empresarios de las multinacionales de la anticoncepción.

Y lo más grave: hace el llamado para que esto se impulse coordinadamente desde el “sistema educativo”, donde ya se ha implementado estrategias de una falsa educación integral que habiliten este tipo de prácticas, y a la vez se sigue retrasando la implementación de materiales verdaderamente integrales, altamente técnicos y que sí colaboran a la formación del carácter de los niños y adolescentes. 

Es decir, se legitima una intervención directa del Estado sobre los cuerpos de niñas y adolescentes, sin control social, sin autoridad parental, sin garantía institucional y, a la vez, van a formando desde la infancia, consumidores de anticonceptivos y no a personas con carácter.

4. EL ARTÍCULO OMITE DELIBERADAMENTE LA PALABRA “FAMILIA”

No hay una sola mención al rol de los padres, ni al derecho constitucional de la patria potestad. No se habla de comunidad, ni de tejido social, ni de corresponsabilidad.

Las niñas y adolescentes aparecen como entidades sueltas, desligadas de su contexto. Así, el Estado se posiciona como único garante de su bienestar, y se habilita a sí mismo para repartir anticonceptivos, materiales y formación ideológica sin supervisión.

Esta anulación de la familia no es casual: es la condición necesaria para que puedan operar estos programas sin fricción. Si se reconociera el rol de los padres, entonces habría que respetar su derecho a decidir sobre intervenciones médicas en sus hijas. Por eso se los borra.

5. NO HAY PROPUESTA REAL: SOLO UNA TRAMPA EMOCIONAL PARA JUSTIFICAR POLÍTICAS IMPUESTAS DESDE FUERA

La autora afirma que el embarazo adolescente priva a las niñas de su proyecto de vida. La frase suena noble, incluso compasiva. Pero detrás de esa formulación hay una trampa: no hay interés real en ese proyecto de vida, porque no hay una visión integral de la persona.

Hablar de “proyecto de vida” sin hablar de carácter, virtud, raíces, identidad, comunidad, sentido de pertenencia o propósito trascendente, es reducir la vida humana a un plan de consumo y productividad. Y eso no es un proyecto de vida: es una agenda de adaptación a la ideología que se pretende imponer desde la fuerza coercitiva del Estado.

6. UNA NARRATIVA INCOMPATIBLE CON LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO PARAGUAYO

La Constitución Nacional, el Código de la Niñez y la Adolescencia, y el derecho médico paraguayo no habilitan la entrega de métodos anticonceptivos a menores sin consentimiento informado, diagnóstico médico, y participación de sus responsables legales.

Distribuir métodos sin cumplir estos requisitos constituye una falta ética grave. Y si es sistemático, puede convertirse en una irregularidad administrativa con consecuencias legales.

Este tipo de artículos intenta normalizar esa práctica: primero lo presentan como “urgente”, luego como “inevitable”, y finalmente lo convierten en “derecho adquirido”, aunque no esté respaldado por ninguna norma vigente.

7. EL ARTÍCULO NO DENUNCIA EL EMBARAZO ADOLESCENTE, LO UTILIZA

Utiliza el dato como arma retórica. Utiliza el drama como justificación ideológica. Y utiliza el silencio sobre la violencia sexual, la familia y la ley como vía libre para avanzar una agenda que viola derechos fundamentales en nombre de una supuesta compasión estatal.

Ese artículo no es un texto técnico ni una propuesta ética. Es un manual cultural para abrir la puerta a intervenciones que, bajo la etiqueta de prevención, terminan vulnerando profundamente la dignidad, la autonomía real y los derechos de las niñas paraguayas.

8. UNA ESTRATEGIA PARA REDIRECCIONAR FONDOS PÚBLICOS HACIA AGENDA IDEOLÓGICA

El artículo menciona que el embarazo adolescente genera un “costo” económico al Estado. Lo hace para justificar que ese dinero debe redireccionarse a la “prevención”.

Pero todos sabemos lo que eso significa: financiar talleres, insumos, alianzas con ONGs, material educativo, consultorías y mecanismos de distribución de anticonceptivos en escuelas y centros comunitarios.

Lo que no se dice –y lo que este artículo busca evitar que se discuta– es que esa “prevención” consiste en meterse en lo más íntimo del cuerpo de las niñas paraguayas, sin ley, sin familia, sin consentimiento y sin ética.

Y eso sí tiene un costo: un costo humano, institucional y cultural que el Estado no podrá reparar con ningún indicador de desarrollo.

 

CONCLUSIÓN

Este modelo ya se ha intentado. En muchos países. Con millones en financiamiento internacional, con años de implementación, con campañas, folletos, anticonceptivos y todo el aparato educativo estatal puesto al servicio de la misma lógica: controlar la fertilidad de las niñas pobres en lugar de erradicar las causas reales de su vulnerabilidad.

¿El resultado? Fracaso. Las tasas de embarazo adolescente no disminuyen de forma sostenida. Los abusos no desaparecen, solo se silencian y sirven para pedir más y más presupuesto eternamente. La cultura no se transforma, se degrada. La violencia no se previene, se normaliza. Y lo más grave: se rompe el lazo entre padres e hijos, entre el Estado y la ley, entre la salud y la ética.

Este modelo no funcionó. No funciona. Y no funcionará.

Porque trata el cuerpo como enemigo, la maternidad como enfermedad y a la niña como un problema a contener, no como una persona a cuidar.

Las niñas paraguayas no necesitan implantes. Necesitan justicia, familia, protección y dignidad.

Y el Paraguay no necesita más campañas disfrazadas de opinión técnica. Necesita coraje institucional para decir la verdad, autoridad moral para defender lo justo, y políticas públicas que respeten la ley, la cultura y la persona humana.

Es tiempo de volver a mirar a nuestras niñas como hijas, no como objetos de experimentación.
Y de mirar al Paraguay como una nación con raíces, no como terreno fértil para agendas extranjeras.