Marcos León
“El aborto, la cuestión moral por excelencia.” ¿Por qué inicio con esta frase? Porque en el aborto convergen, sin atajos, los núcleos de toda ética pública: la dignidad de la vida humana (quién cuenta como alguien y desde cuándo), los límites del poder (qué puede autorizar el Estado y qué no), el sentido de la libertad (si es pura voluntad o está ordenada al bien), la responsabilidad médica (curar, no dañar) y la verdad antropológica que sostiene a la familia, la escuela y la justicia.
Hay textos que se leen por convicción y otros por prudencia estratégica. Estos tres informes combinan ambas cosas: ofrecen datos duros y, sobre todo, el mecanismo por el cual una cuestión moral termina convertida en una política “técnica” que atraviesa escuela, hospitales, medios y normas. Padres de familia, responsables políticos, académicos y líderes provida encontrarán un mismo patrón desplegado con precisión: cambiar el lenguaje para cambiar los criterios, protocolizar para fijar prácticas y articular redes para sostener el cambio más allá de los ciclos de gobierno (las Networks Abortistas que operan a escala transnacional).
El primer hallazgo es de arquitectura. La operación se mueve en tres frentes sincronizados: jurídico-administrativo, comunicacional y clínico-operativo. Cuando no existe mayoría para una reforma legal explícita, aparecen resoluciones, protocolos, convenios y pilotos que producen efectos de hecho; en paralelo, el debate se reencuadra como asunto de “salud” y “derechos” mediante manuales de mensajería que regulan palabras (“estigma”, “barreras”, “acceso”, “cuidado”, “personas gestantes”) y evitan la discusión moral; finalmente, la normalización práctica se asegura con tablas de dosificación, algoritmos de atención, capacitación, teleorientación y aplicaciones que dejan listo el “cómo hacerlo”, aun si el debate legislativo sigue abierto. Esta simultaneidad —cambio de palabras, de procedimientos y de reglas— explica por qué controversias éticas reaparecen como procedimientos administrativos aparentemente neutros.
El segundo hallazgo es la función de la escuela. No se ingresa por contenidos sueltos, sino por secuencias y guías completas que fijan semántica, criterios de evaluación y actividades repetibles. La educación sexual integral actúa como vector para instaurar categorías y relatos desde edades tempranas, de modo que lo controvertido se perciba luego como “consenso pedagógico”. Para familias y docentes, esto se traduce en una tarea concreta: distinguir entre educación integral —orientada a la verdad, la razón y la virtud— e ingeniería de percepciones que convierte deseos en derechos y emociones en criterio de juicio.
El tercer hallazgo es de gobernanza. La capilaridad proviene de plataformas paraguas que alinean financiamiento, socios médicos y educativos y sistemas de indicadores. Así, la agenda se sostiene en el tiempo aunque cambien los elencos políticos. Resulta decisivo observar cómo se definen y miden los objetivos: cobertura, adopción de protocolos, número de capacitaciones y descargas de herramientas pesan más que la deliberación democrática o la evidencia sobre impactos en salud materno-infantil, libertad de conciencia y calidad educativa. Por eso, para equipos de gobierno y asesores, estos informes son útiles para auditar rutas de entrada (currículo, protocolos hospitalarios, compras públicas, convenios de cooperación) y para diseñar salvaguardas jurídicas y biomédicas proporcionadas.
También emerge con claridad la presión sobre la objeción de conciencia, tratada como un problema de logística antes que como un derecho fundamental; y la sustitución del examen de riesgos, seguimiento y estándares de calidad por un vocabulario de “acceso” que invisibiliza los dilemas éticos y clínicos. De nuevo, la clave es distinguir dónde termina la prudencia sanitaria y dónde comienza el atajo normativo.
Para el mundo académico, los tres textos ofrecen algo poco frecuente: fuentes primarias que integran red, práctica y lenguaje. Se puede reconstruir quién financia, con qué socios, por qué métricas se evalúa el “éxito”, cómo se transfieren modelos entre países y de qué modo se consolidan las prácticas en la consulta clínica y en el aula. Ese cruce permite enriquecer ponencias y publicaciones con análisis comparado y seguimiento de políticas públicas.
Para líderes provida y directivos educativos, la enseñanza operativa es concreta: el debate no se gana solo con argumentos, sino con infraestructura de verdad, justicia y libertad. Hacen falta un marco antropológico claro, excelencia pedagógica, salvaguardas legales bien diseñadas y estándares biomédicos exigentes. Los informes señalan, con nombres y procesos, dónde están las palancas: formación docente, contenidos curriculares, reglamentos hospitalarios, circuitos de derivación, indicadores de gestión y cooperación internacional.
En conjunto, el panorama es sobrio y nítido. El conflicto moral se reencuadra como salud y derechos; la escuela fija el nuevo vocabulario; la clínica estandariza procedimientos; la administración consolida cambios por vías sublegales; y las plataformas aseguran continuidad. Conocer estos mecanismos no busca levantar la voz, sino elevar el nivel: evaluar qué se enseña, qué se hace, quién financia, qué se mide y cómo impacta en la niñez, la familia, la conciencia profesional y el Estado de derecho. Con ese criterio, cada actor —en su ámbito— podrá exigir transparencia, calidad y respeto por la dignidad humana, y anticipar con serenidad la forma que adoptarán las próximas políticas cuando vuelvan a la escuela, al hospital o al parlamento.
Me permito este último parrafo, en mencionar unas palabras sobre el autor principal de los informes: Carlos Polo Samaniego. Lo conozco en lo profesional y en lo humano, y guardo una gratitud especial porque me concedió el honor de prologar mi libro; su generosidad confirma lo que sus obra demuestran: es un investigador y estratega peruano de talla continental, con solvencia en análisis de políticas públicas, cooperación internacional y marcos regulatorios en temas de vida y familia; su sello metodológico —cartografiar redes, seguir flujos de financiamiento, identificar tácticas de incidencia y localizar puntos de palanca institucionales— convierte datos dispersos en rutas operativas y decisiones prudentes; ha asesorado a legisladores, acompañado a líderes sociales y académicos, y expuesto en foros de alto nivel (OEA, ONU y congresos iberoamericanos) con una claridad que une principios, evidencia y estrategia; director y referente regional en el estudio de la arquitectura que impulsa la agenda del aborto, no se limita a describir: explica cómo funciona la maquinaria y dónde intervenir con eficacia; por todo ello, y también por su calidad personal, lo considero —sin matices— un referente estratégico internacional.
Los informes a los que hago referencia son los siguientes:
— FAMILY PLANNING 2030: La red que promueve el aborto como método de planificación familiar.
— CLACAI. Financiación de USAID y promoción del Aborto en Iberoamérica.
— Informe: FIGO. Financiación de USAID y promoción del Aborto en Iberoamérica, África y Europa.
Enlace de donde se pueden descargar: Informes sobre Networks Abortistas